UGT Valladolid denuncia que los trabajadores no docentes de los centros educativos han quedado excluidos del reparto de EPIs

Hace unos días, UGT enviaba un comunicado a la Consejería de Educación de Castilla y León para exigirles que cumpliesen con su propio protocolo de seguridad laboral frente al Covid en los centros educativos y facilitase mascarillas FFP2 a todos los empleados de los centros educativos obligados a desarrollar su labor cuando los alumnos debían quitarse las mascarillas, así como a las empresas concesionarias de diversos servicios que se llevan a cabo en dichos centros.

Este colectivo incluye situaciones tan habituales como las clases de música con instrumentos de viento, las clases de educación física en interiores, los comedores escolares y algunas clases de educación especial.

Sin embargo, según ha denunciado la organización sindical, de acuerdo con la instrucción recibida hoy por el cuerpo docente de la JCyL, los trabajadores no docentes que desarrollan su labor en los servicios complementarios de los centros educativos han quedado excluidos de este reparto.

La instrucción obliga al suministro de la FFP2 desde el 17 de enero hasta finales de febrero a todo el cuerpo docente de Castilla y León, lo que, en palabras de Mónica de la Cámara, responsable del sector en la federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT en Valladolid, «constituye una evidente discriminación hacia el resto del personal. La Administración está obligada a velar por la salud de todos los trabajadores, también de aquellos que son contratados por las empresas concesionarias de servicios delegados por la Consejería de

Educación. Además, de esta manera, atenderían al cumplimiento de su propio protocolo».

Y es que, tal y como han querido recordar desde el sindicato, el art. 14 de Ley 32/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales especifica que «los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo» y que este derecho «supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los RRLL». Por tanto, las Administraciones públicas están obligadas a ejercer su función de protección con todo el personal a su servicio.